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Tras la filfa “ reformas y Control del déficit
“, nuestros políticos  y el gobierno del
PP, han finiquitado con las conquistas sociales de los últimos 30 años,
sanidad, educación, dependencia, pensiones, prestaciones sociales,
investigación y/ o asistencia social. EL FRAUDE electoral es total por parte
del gobierno Rajoy y del PP partido que le sustenta y cuando los ciudadanos
hartos de promesas incumplidas, engañados, estafados, robados y secuestrada su
soberanía, salen a la calle a protestar y reclamar por sus derechos, este
gobierno neoliberal y con tintes fascistas, utiliza el estado policial, en
donde los antidisturbios (mantenidos con nuestros impuestos) nos apalean a
porrazos y patadas con un abuso y fuerza digna de otros tiempos. Así lo podemos
constatar, una vez más, en la manifestación del 15-S, donde unos ciudadanos por
el mero hecho de desplegar una pancarta en apoyo de la concentración del 25-S
fueron agredidos y detenidos por las fuerzas policiales sin justificación
alguna, y aquí se termina el derecho de expresión y cualquier derecho
constitucional.

VIDEO DE LA DETENCIÓN

VIDEO DE LA GUARDIA CIVIL MALTRATANDO A UN INMIGRANTE EN VILLALBA

QUE VISIÓN TIENEN EN ALEMANIA

Traducción de un artículo publicado el jueves en varios periódicos económicos alemanes, por su corresponsal en España

El día 6 de septiembre, se encuentran en Madrid los gobiernos de Alemania y España, acompañados de un nutrido grupo de empresarios, y donde seguro hablarán sobre las condiciones para poder otorgar más ayudas financieras a España o a su sistema bancario. En los dos lados se ha elevado el tono en los últimos meses y es con gran expectación que España espera ahora la decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional alemán, que esa sí es crucial, el día 12, sobre la conformidad o no del rescate europeo y las obligaciones derivadas para los alemanes.

 En Alemania crece la critica contra la supuesta “mentalidad de fiesta” de los españoles; en España los medios cada vez son más negativos con la supuesta dureza de la canciller Merkel. Pensamos que la situación es mucho más compleja de lo que presentan ambos gobiernos y la mayoría de los medios. España no es Grecia, pero España puede ser un paciente crónico si Alemania, junto con Europa, no contribuye a solucionar sus verdaderos problemas.

 España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía política aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que se aumente la participación ciudadana real en las decisiones políticas. Para no perpetuar la crisis y endeudar a los españoles durante generaciones, el Gobierno español debe reformar a fondo la administración de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, en su mayoría en bancarrota y completamente fuera de control, sometiendo a referéndum el modelo de Estado.

 Este tema es la clave del futuro de España, porque las regiones, ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los dos tercios del gasto público -234.000 millones frente a 118.000 el Estado en 2011-, excluyendo la Seguridad Social -23.000 millones-, y este gasto se realiza en condiciones de descontrol, despilfarro y corrupción totalmente inaceptables. Las razones verdaderas de la crisis del país, en consonancia con lo dicho, nada tienen que ver con salarios demasiado altos -un 60 % de la población ocupada gana menos de 1.000 euros/mes-, pensiones demasiado altas -la pensión media es de 785 euros, el 63% de la media de la UE-15- o pocas horas de trabajo, como se ha trasmitido a veces desde Alemania. A España tampoco le falta talento, ni capacidad empresarial ni creatividad. Tiene grandes pensadores, creativos, ingenieros, médicos excelentes y gestores de primer nivel.

La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto por una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica, y con el poder judicial y los organismos de control a su servicio. En España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos, solo a los partidos que los ponen en una lista. Todo esto lleva también a una economía sumergida que llega al 20% del PIB y que frena la competencia, la eficacia y el desarrollo del país. Además, detrae recursos con los que podrían financiarse educación y sanidad.

 Las ayudas para España, igual que para otros posible candidatos de rescates, no deben ir a bancos ya casi en bancarrota y fuertemente politizados. En la CAM, el Gobierno ha comprometido 16.000 millones de dinero público en lugar de cerrarla; en Bankia, 23.000, y el Ejecutivo acaba de darle 5.000 millones urgentemente para cubrir pérdidas en vez de cerrarla, y además de forma tan extraña que despierta todo tipo de recelos. ¿Por qué se ha utilizado el dinero de los españoles (FROB) en vez de esperar los fondos de la UE? Es lícito suponer que la razón es la siguiente: los bancos no quieren que la UE investigue sus cuentas.

 Control estricto y duras condiciones. Ya el caso de Grecia ha demostrado que las ayudas europeas tienen que estar vinculadas a un control estricto y condiciones duras. Esas condiciones no pueden solamente representar recortes sociales o subidas brutales de impuestos, como hace ahora el Gobierno de Mariano Rajoy con la excusa de Europa . Se tiene que cambiar más en España que cortar gasto social, que de todos modos es mucho más bajo que en Alemania, y hay otros gastos infinitamente más relevantes que se pueden eliminar. Además, los casos de corrupción resultan tan escandalosos, incluso en el propio Gobierno, que uno solo puede llegar a una conclusión: el dinero de Europa no puede ser manejado por  personas tan increíblemente venales.

 La pasada semana el ministro de Industria Soria -imputado también por corrupción urbanística en Canarias- acusó al ministro de Hacienda en el Consejo de Ministros de favorecer descaradamente a la empresa líder de renovables, Abengoa, de la que había sido asesor, en la nueva regulación de estas energías, que reciben más de 7.000 millones de euros de subvenciones anualmente. Y Rajoy, al que entregó una carta probatoria, ni dijo ni hizo absolutamente nada.

 No puede permitirse por más tiempo este nivel de corrupción, y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17, desde 17 servicios meteorológicos a 17 defensores del pueblo, con 200 embajadas, 50 canales de TV regionales en pérdida, 30.000 coches oficiales o 4.000 empresas públicas que emplean a 520.000 personas, creadas específicamente para ocultar deuda y colocar a familiares y amigos sin control ni fiscalización alguna. En conjunto, unos 120.000 millones, equivalentes al 11,4% del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.

 Y con esto se tiene que acabar, entre otras cosas, porque ya no hay dinero. Los últimos datos de las cuentas públicas conocidos la pasada semana son escalofriantes. El déficit del Estado a julio ascendió al 4,62% del PIB, frente a un déficit del 3,5% comprometido con la UE para todo el año (del 6,3% incluyendo regiones y ayuntamientos). Pero lo realmente inaudito es que España está gastando el doble de lo que ingresa. 101.000 millones de gasto a julio frente a 52.000 millones de ingresos, y precisamente para poder financiar el despilfarro de regiones y ayuntamientos, que no están en absoluto comprometidos con la consolidación fiscal.

 El tema del déficit público es algo que roza la ciencia ficción, y que ilustra perfectamente la credibilidad de los dos últimos gobiernos de España. En noviembre de 2011, el Gobierno dijo que el déficit público era del 6% del PIB; a finales de diciembre, el nuevo Gobierno dijo que le habían engañado y que el déficit era superior al 8%, y que se tomaba tres meses para calcularlo con toda precisión. A finales de marzo, se dijo que definitivamente era del 8,5%, y ésta fue la cifra que se envió a Bruselas. Dos semanas después, la Comunidad de Madrid dijo que sus cifras eran erróneas y el Ayuntamiento de la capital igual… el déficit era ya del 8,7%.

Sin embargo, la semana pasada el INE dijo que el PIB de 2011 estaba sobrevalorado y, con la nueva cifra, el déficit era del 9,1%; dos días después, Valencia dijo que su déficit era de 3.000 millones más; o sea, que estamos en el 9,4% y las otras 15 CCAA y 8.120 ayuntamientos aún no han corregido sus cifras de 2011. Lo único que sabemos es que están todas infravaloradas. El déficit real de 2011 puede estar por encima del 11%, y en 2012 se esta gastando el doble de lo que se ingresa. Como dice el Gobierno de Rajoy, “estamos en la senda de convergencia”. Y es verdad… de convergencia hacia Grecia.

 Claramente, la joven democracia española tiene todavía muchos déficits de representatividad y de democracia que deberían interesar a la canciller Merkel y también a Europa, si queremos evitar una Grecia multiplicada por cinco y salvar el euro. Esto es lo que ha hecho posible el despilfarro masivo de las ayudas europeas, con una asignación disparatada de las mismas, a pesar de que estas ayudas han supuesto una cifra mayor que la del Plan Marshall para toda Europa.

 Es frustrante que a causa de este sistema oligárquico nepotista y corrupto se destroce talento y creatividad y que ahora muchos jóvenes se vean forzados a trabajar fuera, muchos en Alemania. Esa situación nos ha llevado a una distribución de riqueza que es de las más injustas de la OECD. La antaño fuerte clase media española está siendo literalmente aniquilada.

 Resumiendo: no es una falta de voluntad de trabajo, como se piensa tal vez en algunos países del norte de Europa, lo que hace que España sufra la peor crisis económica de su Historia. Es un sistema corrupto e ineficiente. La crítica del Gobierno alemán y sus condiciones para un rescate de España se deberían concentrar en la solución de esos problemas. En caso contrario, solo conseguirán que una casta política incompetente y corrupta arruine a la nación para varias generaciones.

 

*Stefanie Claudia Müller es corresponsal alemana en Madrid y economista;

FUENTE:   http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5039

Antoni Domènech es el Editor general de SinPermiso. Gustavo Búster y Daniel Raventós son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso.

Reino de España: tras el rescate

El grupo de mayor vulnerabilidad de la población española son ya los niños. En toda la UE, sólo Rumania tiene una proporción mayor de niños que viven por debajo del umbral oficial de pobreza. Los jóvenes no lo tienen mucho mejor: más del 50% están en el desempleo, una proporción peor que la de Grecia; los mejores y más formados, emigran en masa, como sus padres y sus abuelos: a Alemania, a Inglaterra, a la Argentina. Y el paro a fines de este año, “en el peor escenario” previsto por los tecnócratas que han diseñado el rescate del sector financiero español decidido ayer, superaría ampliamente el 25% de la población.

 

En plena sintonía con estas malas nuevas, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó boquiabierto al auditorio la pasada semana –en la presentación del último libro de un periodista conservador barcelonés en el candelero madrileño— confesando como cariacontecida que, en el futuro mundo que nos preparan, “nuestros hijos vivirán peor que nosotros”.

 

Tal vez no haya hoy en el planeta lugar mejor que el Reino de España para atestiguar la quiebra de las eufóricas promesas y de las instituciones de la “globalización”, de la “sociedad de la información”, de la “economía del conocimiento”—esa que habría superado para siempre los “ciclos económicos”—, de la “sociedad del riesgo”, de la “postmodernidad líquida” y de todos esos eufemismos ridículamente pomposos con que los peritos en legitimación de turno han venido disfrazando en las últimas décadas la verdadera contrarrevolución económica, social, política y espiritual que han venido desplegando los nuevos mandamases del capitalismo tardío, herederos resucitados de los “monarcas financieros” combatidos por Roosvelt y de aquellos “rentistas” a los que Keynes recomendó encarecidamente aplicar la “eutanasia”.

 

La primera víctima de esa “guerra de clases desde arriba” ha sido, como en todas las guerras, la verdad. De aquí el triunfo apoteósico de los eufemismos.

 

Con esa mezcla tan suya de gesto firme, paupérrima contundencia adverbial –“absolutamente”— y dicción insegura y trastabillada, el ministro De Guindos se empeñó anteayer en otro: no es un “rescate”, “en absoluto”, “vamos a ver”, “es, es… es… una ayuda financiera, un préstamo a intereses mucho más bajos, como usted bien sabe, que los del mercado”. Inútilmente: toda la prensa, nacional e internacional, amiga y menos amiga –que entre bueyes no hay cornadas—, titula en primera plana: “Rescate del Reino de España”.

 

La segunda víctima es la democracia, entendida simplemente como predominio político de la opinión pública de los más. Porque no hay modo de que los menos impongan políticas abiertamente hostiles a los más. Sobre todo cuando los más se percatan, como obviamente lo hacen, de la mentira, ya vaya eufemísticamente vestida y al agravio se sume el insulto. El rescate ha llegado tras negarlo enfática y repetidamente los dirigentes más importantes del PP: el propio Rajoy el pasado 28 de mayo, y esta misma semana pasada, el ministro de Hacienda Montoro, y anteayer mismo, el ministro de Industria, Soria, la vicepresidenta del gobierno y la irritante secretaria general del partido, la señora de Cospedal, la del rictus avinagrado.

 

Cuando falla el eufemismo, quedan la policía y la “necesidad”. De la policía mucho hay que hablar; la austeridad trae inexorablemente consigo autoritarismo. Y con ministros del interior de escasa convicción democrática –como el grotesco Puig en Cataluña, como el exfranquista Fernández Díaz en el gobierno central—, cosas mucho peores. Por ejemplo, robustecimiento del espíritu de cuerpo y del fanatismo represor entre los subordinados: se estima que en Grecia el 50% de las llamadas fuerzas de orden público son ahora mismo votantes del neonazi grupúsculo Alba Dorada.

 

Pero hoy toca hablar de la “necesidad”.

 

Necesidad, arbitrariedad y legitimidad política

 

Nadie votó a Zapatero para hacer lo que hizo a partir del 12 de mayo de 2010, pero el hombrecillo dijo, tan contristado, que lo haría “cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste”. Era “necesario”, ¡qué diablos!

 

Rajoy se ha empeñado en superarle. No sólo nadie le votó para que negociara un rescate, sino que se presentó a las elecciones del pasado noviembre con el explícito mensaje de que sólo él podía evitarlo. Lo cual habría de ser relativamente fácil, habida cuenta de que todo se reducía a un problema de “confianza” de los mercados financieros, y para inspirar “confianza”, ahí estaban el chico de Pontevedra y sus amiguetes (como Rato, mismamente). Ahora ha descubierto la “necesidad”, que –como la “confianza”— vaya usted a saber en qué consiste exactamente, pero que parece servirle también para salir arbitrariamente del paso y, como a Zapatero, para ciscarse en sus electores. Todo muy quevedesco:

 

No olvides que es comedia nuestra vida

 

y teatro de farsa el mundo todo

 

que muda el aparato por instantes

 

y que todos en él somos farsantes.

 

En unas declaraciones a la emisora Onda Cero realizadas a fines de mayo, cuando negaba por fas y por nefás que el sistema financiero español necesitara rescate, decidió de todas formas curarse en salud, con un buen baño de arbitraria “necesidad”:   “haré cualquier cosa que sea necesaria, aunque no me guste y aunque haya dicho que no lo iba a hacer”. Y lo hizo.

 

Con este resultado: la legitimidad política del gobierno de Rajoy terminó ayer, como la de Zapatero se hundió irreversiblemente el 12 de mayo de 2010 [1].

 

¿Quién decide lo que es “necesario” en un momento dado? La cuestión no tiene siquiera que ver con la representación democrática (de los intereses de los más), sino con la representación política tout court. La representación política fiduciaria de unos intereses ciudadanos –grandes o pequeños— no es un mandato personal para que el elegido por cuatro años decida por su cuenta y riesgo qué políticas (le) imponen las cambiantes “necesidades” interpretadas a su antojo y acomodo —eso sería, a lo sumo, usurpación tecnocrática de la representación política—. Es, al contrario, un mandato para desarrollar y poner por obra un programa de gobierno que se supone ex ante factible y realizable, es decir, un programa que incorpora ya explícitamente y somete al electorado, si se quiere como restricciones, todos las posibles “necesidades” (las anankaia de Aristóteles: así de viejo es el problema). Cuando un programa se revela, por lo que sea, irrealizable, termina el mandato político legítimo, y el representante no tiene sino cesar o someter un nuevo programa a una cuestión de confianza ante la ciudadanía.

 

Política ilegítima, tecnocracia de medio pelo y una derecha dividida

 

Es harto sabido: la sufrida izquierda social española arrastra desde el comienzo mismo de la Transición un grave problema de representación política. La célebre ley de hierro de las oligarquías políticas formulada por Robert Michels en 1910 se ha cebado espectacularmente con el pueblo español de izquierda. Carrillo impuso sin mayores discusiones –y para más inri, desde una universidad norteamericana— el abandono del leninismo a los comunistas; luego, sin mayores explicaciones a nadie, decidió el abandono de la República y la aceptación de la Monarquía y su himno y su bandera. Felipe González, contra el parecer abrumadoramente mayoritario de los socialistas españoles, hizo repetir un congreso del partido para imponerles el abandono del marxismo en 1979; luego, contra las promesas electorales que le llevaron a un triunfo arrollador en otoño de 1982, chantajeó a su electorado hasta lograr imponerle –por los pelos— la permanencia de España en la OTAN en 1986. Buena parte del éxito inicial de Zapatero en su primera legislatura consistió en que, y para pasmo de todos, cumplió con su compromiso electoral de retirar las tropas españolas de Irak. Tanto más devastadora psicológicamente resultó la vuelta a la “normalidad” con la traición a su electorado  en el giro de mayo de 2010.

 

Una de las más llamativas –y trágicas— consecuencias de ese endémico problema de representación política fiduciaria de la (demográficamente mayoritaria) izquierda social española, fraguado en el arranque de la Transición, se manifiesta en la poca calidad de sus dirigentes políticos. Pues se afianzó y prosperó todo un conjunto de mecanismos de selección inversa, que ha solido enviar sucesiva y regularmente a casa, o al basurero de la historia –como decían los viejos estalinistas—, a los mejores y más capaces, promoviendo generalmente a los incapaces, a los mediocres, a los serviles, a los cerriles, a los cainitas chiflados, y muchas veces –hay que decirlo—, a los más corrompibles (como, por señalado ejemplo, Roldán). Y a tenores huecos, a barítonos bufos, a revolucionarios de salón y tartarines de oficina, a buscavidas sin oficio ni beneficio conocido y a logreros de diversa laya (como los del “tamayazo”, que lograron la imposible hazaña de aupar a Esperanza Aguirre al poder en Madrid). Y a inconsistentes zascandiles, como Zapatero. Todo un espectáculo coral. El asombroso descrédito de la política entre el pueblo –todos los sondeos de opinión coinciden en que el tercer problema percibido como más grave por los ciudadanos es la “clase política”— tiene que ver también con eso, más, desde luego, que con una espontánea querencia ibérica por la antipolítica.

 

La representación política fiduciaria de la (demográficamente minoritaria) derecha económica y social española nunca había conocido ese tipo de problemas, no con la gravedad con que los ha padecido la izquierda. Baste recordar cómo se desembarazaron sin pestañear de Hernández Mancha –el “parlanchín delirante” (Javier Pradera)— en la Alianza Popular antecesora del actual PP, o –mayúsculo ejemplo— la saña y rapidez con que liquidaron a Adolfo Suárez y a su UCD, tan pronto empezaron a resultarles incómodos. La diferencia con el destino de Felipe González –el de los gatos negros y los gatos blancos y la “mirada tontiastuta del gatazo castrado y satisfecho” (Rafael Sánchez Ferlosio)— salta a la vista.

 

Pues bien; en menos de seis meses de gobierno, la crisis y su gestión por el gobierno Rajoy lo está consiguiendo. El periodista Federico Quevedo –un informado correveidile del mundo de la derecha (El Confidencial) y la extrema derecha (Intereconomía) mediáticas madrileñas— contaba el pasado 1 de junio esta infidencia de “un importantísimo ministro del Gobierno de Mariano Rajoy ante un reducido grupo de empresarios”:

 

“Nunca pensamos que a seis meses de ganar unas elecciones con mayoría absoluta, con un poder como nunca había tenido un partido político en España, íbamos a sufrir un desgaste tan brutal hasta el punto de que se cuestione nuestra continuidad. Y lo peor es que no sabemos qué hacer”.

 

Obviamente, el “brutal desgaste” a que se refiere el “ministro importantísimo” no puede ser electoral (tienen tres años y medio por delante), sino que alude a la pérdida de confianza de su base social fideicomitente directa, es decir, al reducido núcleo de intereses sociales y económicos granempresariales del que el gobierno del PP es, supuestamente, fideicomisario.

 

Unos días antes, el diario El País había publicado un artículo firmado por tres destacados economistas jóvenes del principal think tank de la derecha española (la FEDEA generosamente financiada por las grandes empresas nacionales), al que ya tuvimos ocasión de referirnos la semana pasada, y en el que se daba por amortizado al gobierno de Rajoy y se venía a pedir un gobierno tecnocrático de unidad nacional para mantener al Reino en el euro. El gobierno, principalmente De Guindos, el propio Rajoy y el secretario económico de presidencia, Álvaro Nadal, consideraron eso poco menos que alta traición, y algún periodista afín a ese grupo llegó a hablar de intento de golpe de Estado. (Véase “El día en que Fedea propugnó un golpe de Estado (y cavó su tumba)”, El Confidencial, 9 de junio de 2012.) Pero la fidelidad del periodista a la facción de Rajoy, De Guindos y Nadal le hace verosímilmente presentar las cosas al revés. Descubierto el “complot” para terminar con Rajoy, estos chicos estarían acabados, porque, supuestamente, el Gobierno Rajoy y las grandes empresas que financian a FEDEA serían una y la misma cosa. ¿O no?:

 

“No se trata –aseguran estas fuentes- de cuestionar a FEDEA ni su labor durante estos años, que ha sido excelente, sino de plantearnos por qué una institución que nace con la voluntad de aportar ideas, se erige de pronto en un baluarte de la oposición al Gobierno hasta el punto de promover la destitución del mismo”. La Fundación ha cruzado una línea roja peligrosa, y ahora tiene en su contra nada menos que al Gobierno de España –BBVA, Banesto, Santander, Abengoa, El Corte Inglés, Telefónica, La Caixa, Sabadell, Iberdrola, Repsol…–, y resulta cuando menos poco probable que los patronos de la Fundación, los que ponen el dinero con el que se paga a economistas supuestamente de reconocido prestigio para que escriban artículos como el mencionado, estén dispuestos a respaldar semejante propuesta de Golpe de Estado… ¿O sí?.”

 

Por lo pronto, nadie que sepa un poco del negocio bancario puede creer que en el Santander, el BBVA y la Caixa –los tres grandes— estén precisamente entusiasmados con las exigencias indiscriminadas de recapitalización de la banca. Los directivos de Bankinter –una entidad mucho más pequeña, pero con balances ajustados— han sido los primeros en denunciar en público que esas exigencias son consecuencia de las dos sucesivas “reformas financieras” erráticamente acometidas en un trecho de menos de tres meses por el ministro de Economía. Responsables directas, dicho sea de paso –como no se mordió la lengua en decirlo Rato—, de la inopinada aparición del agujero negro en el ejercicio contable 2011 de Bankia y la consiguiente escandalera internacional, que ha terminado por hacer imparable el rescate.

 

Por lo demás, los no tan velados amagos de amenaza de salir del euro y provocar la Gran Catástrofe –que cierta prensa atribuye a Nadal y al propio de Guindos, y el mismísimo New York Times (7/6/2012), al propio Rajoy, que tendría “un as en la manga”—, a fin de evitar a toda costa el rescate y ganar tiempo, forzando al BCE a volver a comprar títulos españoles de deuda pública en los mercados secundarios, lejos de conseguirlo, con toda probabilidad aceleraron las fugas de depósitos de los bancos españoles y agravaron las sensaciones de angustia y desconcierto[2].

 

Pero lo cierto es que la terrorífica presión internacional a que se sometió la pasada semana al gobierno de Rajoy –televisiva aparición de Obama incluida— no tenía que ver con eso. El Reino podía aguantar perfectamente un buen tiempo, no estando, como no estaba, a diferencia de Italia, urgido por grandes vencimientos inmediatos de sus títulos de deuda pública. Acababa, además de colocar –el jueves— títulos por un monto superior a los 2.000 millones de euros con una demanda que triplicaba la oferta, sirviéndose del clásico truco de los últimos tiempos de forzar a los propios bancos españoles en dificultades a entrar en el negocio de comprar esos títulos (negocio grotescamente irracional donde los haya, pero redondo: la banca española toma prestado dinero del BCE al 1% y compra títulos de deuda pública española que, en el caso de los bonos a diez años, rinden unos intereses superiores al 6%). En suma, el Reino y sus banqueros podía aguantar todavía: ya se sabe que los borrachos tambaleantes pueden tenerse cierto tiempo en pie sostenidos unos en otros.

 

Lo que verdaderamente aceleró el rescate, como luego habrá ocasión de explicar, es el miedo, el pánico, al resultado de las elecciones en Grecia el próximo 17 de junio, y a un probable triunfo allí del partido de la izquierda griega Syriza, que ha sido capaz de desafiar inteligentemente a la eurocracia.

 

“Líneas de crédito”, “condicionalidades” y “rescates”

 

¿En que consiste, pues, la “línea de crédito” negociada en tan “favorables” términos y después de “haber presionado tanto” Rajoy?

 

Tras el informe del FMI, publicado apresuradamente ante el anuncio de la teleconferencia del eurogrupo, que estimaba las necesidades en unos 40.000 millones de euros, el gobierno Rajoy se allanó a solicitar el rescate de un sector financiero español incapaz ya de financiarse en los mercados de capitales. Alemania se negó en redondo a la pretensión inicial de España –apoyada, en cambio, por Hollande y Rehn— de una ayuda directa a los bancos que lo solicitaran del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE), tras su prevista constitución y modificación de sus estatutos en julio próximo.

 

Por lo tanto, la única formula posible era un crédito al FROB, garantizado por el Estado español, que a su vez inyectaría el capital necesario, directamente o a través de los llamados bonos convertibles contingentes, con un techo estimado de 100.000 millones de euros.

 

Esta cantidad, lejos de ofrecer como afirma De Guindos un “confortable colchón”, se queda corta tras las poco meditadas exigencias fijadas por las dos últimas reformas financieras, porque la mayoría de los estudios realizados hasta la fecha por grupos y bancos de inversión privados sobre las necesidades de recapitalización de la banca española las cifran entre los 134 y los 180 mil millones de euros. Lo cierto es que los inversores esperan lo mejor, pero se preparan para el peor de los escenarios posibles. Y esta es su cifra. Al señalar un techo finalista de 100 mil millones a los dos evaluadores privados contratados para escarnio del Banco de España y sus funcionarios –Oliver Wyman y Roland Berger—, es evidente que se pone abiertamente coto a su independencia, por otra parte más que cuestionable. Para semejante viaje, no merecía la pena haberse empeñado antes en la destrucción de la credibilidad evaluadora del Banco Central español.

 

Con la política de transparencia que caracteriza al gobierno Rajoy, se desconocen hasta ahora las condiciones impuestas por el eurogrupo en la negociación, a despecho de que De Guindos repitiera hasta la saciedad en la rueda de prensa la muletilla “como usted bien sabe”. Pero se han ido filtrando algunas, y otras resultan obvias. En primer lugar, el Financial Times revela hoy (11 de junio) que queda aún por resolver si el dinero vendrá del MEE, cuando se cree en julio, o de la Facilidad Europea para la Estabilidad Financiera (FEEF). La diferencia no es baladí, porque implica en el primer caso la prioridad condicionada en el pago de los intereses. Y eso es lo que exigen Países Bajos y Finlandia.

 

En segundo lugar, serán los representantes directos del eurogrupo, de la Comisión y del MEE o del FEEF, y no el Gobierno de Rajoy, quienes decidan y vigilen –con la ayuda del FMI— la reestructuración del sector bancario español, con todas las consecuencias que eso trae consigo, como garantizar el objetivo de la “reprivatización” y cerrar el paso a cualquier veleidad de una banca pública. Eso sí, la “responsabilidad” será del gobierno.

 

En tercer lugar, porque como establece negro sobre blanco el comunicado del eurogrupo: “el Eurogrupo confía en que España respetará sus compromisos bajo el procedimiento por déficit excesivo y con respecto a las reformas estructurales, con vistas a corregir los desequilibrios macroeconómicos en el marco del semestre europeo. El progreso en estas áreas será revisado de cerca y regularmente en paralelo con la asistencia financiera. Más allá de la aplicación decidida de estos compromisos, el Eurogrupo considera que las condiciones de la asistencia financiera deberían centrarse en reformas específicas dirigidas al sector financiero”.  Y por mucho que Rajoy insista en negar los hechos, la parte de los 100 mil millones de euros (10% del PIB) que se utilicen, vendrá a sumarse a ese 70% del PIB que, aproximadamente, supone ahora la deuda pública.

 

Una cifra que no sería alarmante –seguiría por debajo de la media comunitaria, y en particular, de la alemana—, si no fuera porque el Gobierno de Rajoy opta por recapitalizar la banca privada a costa de aumentar y prolongar en el tiempo los recortes del gasto social. Que no del gasto público, volcado, como es harto sabido, en un sector financiero que ha recibido ya, entre pitos y flautas, la friolera de unos 150 mil millones de euros desde 2008, una suma que, sumada a los millones ahora previstos por el rescate, podría llegar a alcanzar el 25% del PIB.

 

En una devastadora crítica del rescate español, el conocido columnista del Spiegel y del Financial Times, Wolfgang Münchau se muestra más que escéptico (FT, 11 de junio 2012). El rescate del sistema financiero español solo habrá conseguido volver a ganar tiempo en la crisis del euro, que no se desencallará mientras no se avance resueltamente hacia una unión bancaria. Una unión bancaria que exige un nuevo tratado intergubernamental que instituya una autoridad bancaria central reguladora y supervisora, un sistema de garantía de depósitos y, lo más difícil, corte por lo derecho el nudo gordiano que ha apalancado la deuda privada en la deuda soberana de los estados. Porque en el caso español la pública aún no supera el 75% del PIB, pero la suma de la pública y la privada montaba un 363% del PIB en 2011. Y este es el perverso mecanismo que no han hecho sino reforzar las cuatro reformas financieras –emprendidas sucesivamente por los gobiernos del PSOE y del PP— y los dos programas de crédito barato puesto por obra por el BCE para inyectar liquidez al sistema bancario. Con el rescate de la banca, el Estado español se ha convertido en el mayor propietario de su propia deuda soberana. ¿Qué sentido tiene en esta situación la palabra “solvencia”?

 

Pendientes resbaladizas, desfiles de horrores y el factor decisivo: la izquierda griega

 

La urgencia del rescate español y su grandiosa escenificación internacional –ya va dicho— tiene sobre todo que ver con las elecciones griegas del próximo 17 de junio. Es evidente: para la UE, arde Troya. Y el caballo de la desdicha no es la disciplinada y autoritaria Esparta, sino la democrática Atenas.

 

Nadie mejor que el economista griego Varoufakis, uno de los mejores economistas científicos de Europa, y hombre cercano a Syriza, para dibujar el escenario de la crisis del eurogrupo:

 

“La falta de un proceso constitucional (o habilitado mediante Tratado) para salir de la eurozona está respaldada por una sólida lógica. Todo el desarrollo de la moneda común estaba concebido para impresionar a los mercados con la idea de que se trataba de una unión permanente que garantizaría pérdidas enormes para quienquiera que osase apostar contra su solidez. Basta una sola salida para hacerle un descosido a esa percepción de solidez. Como una leve línea de fisura de un dique de portentosa contención, una salida de Grecia traerá inevitablemente consigo el colapso del edificio, demolido por las irrepresables fuerzas desintegradoras que se colarán por esa línea de fisura. En el momento en que Grecia se vea empujada a abandonar, ocurrirán dos cosas: una fuga masiva de capitales desde Dublín, Madrid, Lisboa, etc., seguida de la acrecida renuencia del BCE y de Berlín a autorizar liquidez ilimitada a los bancos y a los Estados. Eso significará la inmediata bancarrota de todos los sistemas bancarios, y la de Italia y España. Llegados a ese punto, Alemania se enfrentará a un terrorífico dilema: poner en riesgo la solvencia del Estado alemán (comprometiendo unos cuantos billones de euros en la tarea de salvar lo que quede de la eurozona) o salvarse a sí misma (es decir, abandonando ella la eurozona). No tengo la menor duda de que optará por lo segundo. Y puesto que eso  significará romper unos cuantos Tratados y Estatutos (incluido el del BCE), la UE, en substancia, habrá pasado a mejor vida.” [–Pulse AQUÍ para ver la fuente]

 

El increíble revuelo internacional provocado a cuenta del rescate del Reino de España, la ciclópea y estudiada dramatización mediática del problema –filtración de Reuters incluida— estaban primordialmente destinados a dar a entender al electorado griego estas dos cosas. La primera: que, caso de ganar las elecciones la izquierda, de ningún modo se renegociarán los tratados de austeridad que han devastado social y económicamente a Grecia, y que la salida de Grecia del euro resultaría entonces inevitable. Y la segunda: que a la Troika no le temblará el pulso, porque ha tomado ya todas las medidas necesarias para evitar el contagio catastrófico a España, y a su través, a Italia. (A la hora de escribir esto, Reuters hace otra filtración interesada: un grupo de superexpertos  de la UE lo tiene ya todo estudiado para el caso de Grecia salga del euro, corralitos bancarios incluidos, en Grecia y … ¡ay! … en otros países miembros.)

 

No llevaba razón ayer Rajoy cuando, tras comparecer a rastras ante los medios de comunicación antes de irse al fútbol, proclamó propagandísticamente que el rescate era tan bueno para el Reino como para la eurozona.

 

No es bueno para nuestra economía. Primero, porque, además de avalar, y con toda seguridad agudizar, las catastróficas políticas procíclicas de austeridad de su gobierno, avala también el pésimo diagnóstico que anda por detrás del “reformismo” financiero del PP (idéntico al del PSOE): no es verdad que el saneamiento de la banca española se reduzca a un problema de capitalización. La enorme deuda privada de las familias y las empresas españolas en los años del “España va bien” (Aznar) y “España ha entrado en la Liga de Campeones” (Zapatero) es el principal problema de la economía española, y a causa de ese problema estamos en una recesión de balances y la banca privada española más comprometida con la burbuja inmobiliaria se halla en situación de insolvencia. Sanear la banca en serio no quiere decir recapitalizarla con inyecciones infinitas de liquidez –que, dada la recesión de balances, se va sin más por el sumidero, como acaban de comprobar amargamente a su costa los clientes y los empleados de Bankia que se dejaron embaucar en la compra de emisiones de capital—, sino proceder a una reestructuración a gran escala, cuyo centro debe ser la quita de la deuda. En una cosa lleva razón el PP cuando carga ahora oportunistamente el muerto al PSOE, alegando que si los socialistas hubieran hecho una reforma financiera a tiempo, ahora no nos veríamos abocados al rescate. Pero no en los argumentos para avalar esa razón. Lo cierto es que Zapatero, acaso demasiado entretenido en batallitas culturales miopes y en fotogénicos ágapes con Botín, perdió en 2008 la gran ocasión de proceder a una nacionalización de la enorme parte de la banca privada más dañada por el ladrillo –entonces había dinero público para hacerlo: nuestra deuda pública apenas representaba un tercio del PIB, y nuestra prima de riesgo era inferior a 100 puntos—, crear una gran banca estatal –incluyendo el robustecimiento de la constitución social de las cajas de ahorros—, sanear a fondo todo el sistema financiero con quitas masivas de deuda privada y, de paso, generar un gran parque público de vivienda de alquiler barata.

 

Sic transit: en el primer día hábil tras el rescate, la bolsa ha cerrado en -0,54 puntos, después de un subidón a primera hora de +5,9. Y la prima de riesgo ha vuelto a superar los niveles anteriores al rescate, pasando de 462 a 520 puntos. Es como si los mercados se hubieran enterado ya de que, gracias a la incalificable política económica en curso, el Reino de España, además del rescate de su sector financiero, deberá, de aquí al 2014, buscar refinanciación para su deuda soberana por valor de 155 mil millones de euros y conseguir otros 121 mil millones de euros para cubrir su déficit presupuestario.

 

Pero el rescate no es bueno tampoco para Europa. Lo que Europa necesitaría es quebrar la resistencia de Merkel, abandonar lo antes posible las catastróficas políticas procíclicas de austeridad, instituir rápidamente una autoridad fiscal unificada, mutualizar la deuda de la eurozona y poner por obra políticas fiscalmente expansivas. Por eso los desafíos y amenazas del tándem austérico Rajoy-De Guindos eran, además de ridículas, increíbles. Exigían limosnas, a cambio de seguir destruyendo a su aire, y tan dañina como innecesariamente, la vida económica y social española. No desafiaban ni amenazaban al núcleo de las políticas suicidas de la Troika, y muy señaladamente, de Berlín. Por eso les doblaron el brazo.

 

¿Pero quién quita que esta victoria “preventiva” de Merkel, Rehn y el resto de la eurocracia neoliberal no termine por hacerles avanzar un paso para retroceder dos? En Portugal y en Irlanda, especialmente tras el reciente referéndum sobre el Pacto Fiscal, se levantan ya por todos lados voces que exigen una renegociación de los términos de sus rescates, sobre la base del que el gobierno Rajoy jura por su honor haber obtenido en mejores condiciones.  La periferia de la eurozona se alborota, justo antes de la prueba decisiva en Grecia.

 

Estar por ver si el pueblo griego, a diferencia del irlandés, será capaz de resistir el chantaje de la Troika el próximo domingo 17 de junio. Y entonces veríamos, gracias a Syriza, si Berlín, Bruselas y el FMI son capaces también de doblegar al pequeño gigante de la decencia resistente europea en que se habrá convertido la Atenas en que nació la primera democracia radical plebeya, la que echó a andar, con Solón, poniendo por obra un programa político tan sencillo como actual: reparto de la propiedad de la tierra (géa anasdesmos) y cancelación de la servidumbre por deudas (kreón apokopé).

 

NOTAS:

 

[1] Aunque desde mediados de febrero se podía percibir la inflexión en la tendencia al voto del PP, desde marzo de ha desplomado más de 9 puntos, hasta un 37,1%. Rajoy recoge actualmente un rechazo del 78%. Pero los electores no olvidan quién inició en mayo del 2010 el plan de ajuste: el PSOE solo ha remontado en la oposición 2,9% y Rubalcaba tiene un rechazo del 89%, superior a Rajoy. Los electores han ido desarrollando estos meses tres certezas, que parecen guiar sus prospectivas de futuro: que la situación económica ira a peor (90,2%), que el rescate era inevitable (64%), dada la inutilidad de la clase política, y nefasto (70%). (http://politica.elpais.com/politica/2012/06/09/actualidad/1339258034_213987.html)

 

[2] Usura del tiempo, esto es lo que, el 21 de Noviembre de 2011, tras ganar Rajoy las elecciones, escribimos desde estas mismas páginas de SinPermiso::

 

“El gobierno del PP va a tener que enfrentarse, quieras que no, a la siguiente y poco prometedora disyuntiva.

 

1) Obediencia más o menos ciega del gobierno de Rajoy a las directrices de los mandamases de una UE dominada por las actuales concepciones de la señora Merkel y la élite político-bancaria alemana. Esa opción tiene dos escenarios posibles:

 

http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/20n2011.pdf

 

a) De persistir en la actual negativa alemana a cambiar rápidamente el diseño institucional de la política fiscal de la eurozona, no se llega sino al desastre y al final del euro. La eurozona, simplemente, se desmembraría, y el Gobierno de Rajoy se convertiría básicamente en un aterrorizado gestor político, o de la europeseta, o de un nuevo euro devaluado, del que habría salido ya una Alemania resuelta a crear una nueva zona Deutschemark (verosímilmente, con Holanda, Austria, Finlandia, Luxemburgo y quizá Bélgica, pero no Francia). En cualquier caso, la implosión de la eurozona significaría una catástrofe económica, no ya para España, no ya para el continente europeo, sino para la economía mundial: un verdadero tsunami financiero que haría palidecer por contraste al provocado por la decisión norteamericana de dejar caer al banco Lehman Brothers en 2008: la Gran Recesión de 2008-2011 se convertiría con toda probabilidad en una Gran Depresión II de duración indefinida y de resultados económicos y políticos de todo punto inciertos.

 

b) De cambiar rápidamente la actual política dictada por la señora Merkel a la UE, yendo resueltamente a una salvación del euro con pasos prestos hacia un Tesoro común europeo, con eurobonos y un Banco Central normal, capaz de desempeñar la función de prestamista de último recurso, entonces, caso de llegarse a tiempo, se abriría en Europa un escenario algo mejor, pero simplemente semejante al norteamericano: comenzaría el debate político sobre qué política económica es mejor: si una política derechista (à la Tea Party) de austeridad fiscal, ajustes estructurales, etc., o una política progresista de expansión fiscal, crecimiento económico y reequilibrio entre la economía alemana y las periféricas. Este último escenario tendría la ventaja de que volverían a aparecer, como problemas propiamente políticos, y no meramente técnicos, dos opciones distintas de política económica a escala europea. Las perspectivas políticas del gobierno de Rajoy no serían muy halagüeñas aquí, pues las políticas ultraderechistas de austeridad fiscal a escala europea difícilmente podrían presentarse ante la opinión pública como compatibles con los intereses nacionales más elementales de los países periféricos.

 

2) La segunda opción que se ofrece al Gobierno de Rajoy es la de una resistencia desde el primer día a Merkel, ya por la vía de intrigar, como parece estar comenzando a hacer (véase al respecto la información proporcionada por el conservador Times de Londres el pasado 18 de noviembre) con Cameron y el gobierno conservador británico (fuera de la eurozona), y/o con un cada vez más alarmado Sarkozy (dentro de la eurozona). Pero esta segunda opción, si no lograra vencer el empecinamiento de Merkel –que aterra ya hasta a la derecha económica más encallecida de nuestro país—, significaría un serio agrietamiento de la elite político-bancaria eurocrática, y es lo más probable que terminara con la destrucción de la eurozona y, de nuevo, como en el escenario presentado en 1a, con un Rajoy gestor político de la europeseta, con todas la tremebundas consecuencias de alcance mundial ya dichas allí.”

 

 EL DESPRECIO POLÍTICO AL FUNCIONARIADO Contra la bajada salarial y el incremento de jornada en lafunción pública

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para :a Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica-la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de tumo. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho

 Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberla n tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en si mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajara.

 

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo, los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo-no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

FUENTE:

FRANCISCO J. BASTIDA CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL